¿QUÉ ES DEJUSTICIA? 

Si, ya lo se, DeJusticia es un actor relevante de nuestro entorno, sus opiniones son tenidas en cuenta en cuestiones jurídicas y de política pública y, en principio, han hecho útil a la academia para los espacios otrora reservados únicamente al criterio de conveniencia política dominado por los políticos profesionales. Pero, y acá vienen mis dudas, DeJusticia participa en esos debates cubierto de la legitimidad que se presume de la academia seria y profesional, esto es con el halo de observador imparcial y desinteresado implicado por definición en el método científico. Esa credibilidad ha llevado, por ejemplo, a que en Caracol crearan el “Mentirosario”, una estrategia para calificar las potenciales noticias mentirosas. El método es simple, exponen afirmaciones de actores relevantes, usualmente políticos colombianos, para someterlas a un “test” de veracidad o de la verdad. El detector de mentiras es un experto de DeJusticia. Su legitimidad para decidir lo que es veraz o no viene de su carácter extra-político y su experticia académica. 

Pero DeJusticia no es eso. O mejor, no es sólo eso. ¿Qué es entonces? En su página Web, DeJusticia se define como "un centro de estudios jurídicos y sociales […] Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto.  También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.En Dejusticia, creemos que el conocimiento comprometido con la justicia social puede contribuir al cambio, y tenemos un enfoque anfibio, entre la investigación y la acción".

El proceso de paz con las FARC ha desnudado muchos de lo que DeJusticia también es, esto es un actor que promueve una agenda política determinada (sin que por eso sea partidista) y que instrumentaliza lo académico para hacerlo compatible con esas finalidades. La cuestión no es simple porque lo cierto es que los integrantes de DeJusticia son académicos — y de los buenos — en otros espacios de su vida. Con esto me refiero a que publican artículos sometidos al rigor de la revisión por pares académicos y un serio proceso editorial. El producto de esa actividad, sometido como lo está a las reglas para asegurar su calidad cientifica, suelen ser objetivos dentro de lo que esto es posible en las ciencias sociales y humanidades. Pero eso no es lo que hjace DeJusticia y, como parece confirmar el “Mentirosario”, la legitimidad del rigor académico parece trasladarse a todo lo que DeJusticia hace. Pero esto no es así — o al menos no debería serlo. 

Las publicaciones de DeJusticia no están sometidas al rigor de las publicaciones académicas, no son sometidas a la revisión de pares académicos y, lo más importante, deben estar sometidas a criterios de relevancia y conexidad con la agenda de impacto de DeJusticia. Eso no es ilegítimo, pero no es académico. Es investigación con serios riesgos de sesgos en los que, de entrada y por diseño, propuestas contrarias a los fines políticos definidos como legítimos por parte de DeJusticia no caben. Como dije, el proceso de paz a desnudado esto. Hay dos instancias en las que lo he notado. La primera tiene que ver con la decisión de Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, de descalificar su nombre como potencial magistrado de la Corte Constitucional. Las razones — admirables y transparentes en este caso — ofrecidas por Uprimny fueron que había promovido el acuerdo de paz con las FARC de una forma tan decidida que tendría que declararse impedido en muchas cuestiones que llegaran enventualmente ante ese tribunal. Esto no es algo que suceda con la academia por regla general. Al contrario, la experticia en temas relevantes para la Corte hacen que un candidato sea deseable para la corporación. Sin embargo, el perfil de la militancia de Uprimny pasaron al nivel político y se alejaron de lo estrictamente académico. Hizo bien en retirar su nombre de la baraja. 

Pero, como dije antes, el acuerdo de paz desnudó la naturaleza de DeJusticia de una manera mucho más amplia. Como se sabe, uno de los cargos más fuertes contra el acuerdo de paz era que promovía la impunidad de una manera incompatible con el derecho internacional, y particularmente respecto de los estándares derivados del marco establecido por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Recuerdo que en la campaña por el plebiscito DeJusticia se jugó por el acuerdo de paz y aseguró de una forma contundente que aquél era absolutamente compatible con el derecho internacional. En la campaña, establecieron un sistema de consultas vía WhatsApp, abierto para que cualquiera remitiera preguntas. Yo hice algunas pregutnas y me identifiqué, no era una celada, eran preguntas respecto de las que quería respuestas desde el derecho internacional. No obtuve más respuesta que el pre-empaquetado respecto de materiales disponibles en el sitio Web de DeJusticia y una supuesta publicación al respecto para diciembre de 2016. Siempre han mantenido su posición de defensa del acuerdo. Desde que la Fiscal de la Corte Penal Internacional empezó a dar signos de intervención en Colombia  por medio de la apertura de una investigación formal — sería la primera por fuera de Africa — muchos hemos dicho que las inconsistencias de acuerdo con el derecho internacional eran manifiestas. El amicus curiae enviado a la Corte Constitucional por parte de la Fiscalía de la CPI no puede dejar peor parado al acuerdo y sus defensores: todas, absolutamente todos los puntos respecto de los cuales se habían hecho críticas resultaron inconsistentes con el Estatuto de la CPI. 

Hay muchas razones por las cuales esto es así, algunas jurídicas, otras del orden institucional de la CPI, pero ninguna representa un cambio respecto de la práctica de ese tribunal. Sin embargo, DeJusticia ha adherido a la línea de defensa del Gobierno, FARC y otros defensores del acuerdo: se trata de “aportes importantes” que “enriquecen el acuerdo”. Esto lo manifestó Camilo Sánchez en Oxford, Reino Unido este fin de semana en un evento al que fui invitado, pero también lo ha repetido una y otra vez el señor Cesar Garavito en medios colombianos. Un análisis académico tendría que aceptar ese hecho como algo que va al corazón del acuerdo, puesto que esas fueron las lineas rojas sin las cuales, nos dicen eso al menos, las FARC no hubiese firmado un acuerdo. También son los puntos que hacen al acuerdo, en palabras del Gobierno, “el mejor acuerdo posible”. Por supuesto este hecho, y otros sobre los que he venido advirtiendo en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen como prospecto o bien que la Corte Constitucional y el Congreso acojan un acuerdo que en su capítulo de justicia es abiertamente contrario al derecho internacional, o que se acojan esas posiciones de los entes que han sido confiados con la misión de la interpretación auténtica del derecho internacional que soporta el sistema interamericano de derechos humanos y a la Corte Penal Internacional. 

Pero, más allá de esto, lo anterior es indicativo de lo que DeJusticia es: un actor político con una agenda que promueve por medio de diversas actividades, en las que instrumentaliza lo académico y en veces hasta desnaturaliza. De nuevo, esto no es ilegítimo, pero es importante que estas cuestiones sean advertidas y que, por ejemplo, las afirmaciones de DeJusticia sean sometidas ellas mismas al “Mentirosario” de Caracol y que la veracidad de sus posiciones sea dirimida por académicos puros y duros, esto es observadores externos e independientes que emitan opiniones jurídicas con absoluta independencia de agendas de impacto. 

Luis Felipe Viveros

Teaching Fellow

University College London

Visiting Researcher

Cambridge University